Reforma, opinión / 17 de agosto 2007
Sergio Sarmiento
Si seguimos por el actual camino, llegará el momento en que al abrir la llave ya no saldrá agua limpia del grifo sino lodo o aire. Sólo entonces nos empezaremos a preocupar, pero ya será demasiado tarde.
Por una política irresponsable, los políticos de nuestro país están logrando lo que habría parecido imposible hace algunos años: acabar con el agua. Todavía estamos a tiempo. Aun es posible tener un recurso limpio que nos alcance para todos. Pero para eso necesitamos usar la inteligencia.
Esta semana se ha llevado a cabo en Cancún, Quintana Roo, la XXI Convención Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, la ANEAS. Los técnicos que participaron están conscientes del problema y saben cuáles son las soluciones. El problema es si nuestros políticos tienen el valor de actuar hoy para evitar los desastres del mañana.
Es un lugar común decir que las guerras del futuro se pelearán por el agua y no por el petróleo. Pero el futuro ya nos alcanzó. Incluso en un país como el nuestro, ya los conflictos son evidentes y se manifiestan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y estas disputas se están agravando.
Muchos de nuestros políticos siguen promoviendo la ingenua y dañina idea de que el agua debe distribuirse gratuitamente o a precios que no permitan las inversiones necesarias para obtenerla, tratarla, limpiarla y posteriormente sanearla. En muchos lugares de nuestro país, entre ellos el Distrito Federal, se cobra apenas una fracción del costo real de captar y distribuir el líquido. El resultado es un desperdicio enorme, que se complica por las fugas en una descuidada red.
La mayor parte del agua de nuestro país se emplea en la agricultura. Sin embargo, los agricultores no pagan un derecho por ella. El sistema, de hecho, es perverso. Si un agricultor reduce su uso del líquido, se le reduce la cuota que puede emplear el año siguiente. El incentivo es perverso: no lo lleva a ahorrar agua sino a buscar el máximo uso de su cuota. Y ante la monopolización del agua por quienes ya la tienen, las ventajas del riego no pueden ampliarse a otros agricultores.
Si bien en algunas ciudades, como Monterrey y Tijuana, hay conciencia de la necesidad de dar agua a un precio que permita hacer las inversiones que se requieren para ahorrarla y construir la infraestructura para su adecuado empleo y limpieza, en otras, como el Distrito Federal, se hace gala de la postura populista de que lo que hay que hacer es regalarla o repartirla a precios ridículos. La descapitalización del sistema de distribución de agua de la Ciudad de México ha hecho que la distribución en el oriente de la urbe, especialmente en Iztapalapa, sea lamentable. Pero en lugar de hacer más inversiones que permitan resolver el problema, el gobierno del Distrito Federal ha anunciado que no se cobrará ya el agua en esa delegación.
Lo que menos debemos aceptar en este momento es descapitalizar los sistemas de aguas. A partir del 2008 los municipios de todo el país tendrán que cumplir una norma que los obliga a tratar todas sus aguas residuales, pero es evidente que muy pocos tendrán la posibilidad de hacerlo. El tratamiento de aguas es uno de esos procesos costosos que no son políticamente vistosos y por lo tanto no ayudan a obtener nuevos cargos de elección popular; es el caso contrario de las grandes distribuidores viales o segundos pisos que resultan tan útiles para los políticos ambiciosos.
Los mexicanos debemos adquirir conciencia de los problemas del agua y exigir que los políticos les presten mayor atención. Debemos castigar a quienes siguen regalando o malbaratando un recurso tan valioso para la sociedad. Tenemos que exigir que los municipios capitalicen sus sistemas de administración de agua para enfrentar los problemas de hoy y del futuro.
Muchos políticos ven a la iniciativa privada como una amenaza, pero lo importante no es si los organismos de manejo de agua son públicos o privados sino si son eficientes o no. El sistema de Cancún, por ejemplo, es privado; pero ha logrado subir la cobertura de agua potable de 61 a 100 por ciento, la de alcantarillado de 30 a 88 por ciento y la de tratamiento de aguas residuales, que sólo cubría la zona hotelera, al 100 por ciento.
Hay también buenos sistemas públicos de administración del agua en el país, como el de Monterrey o el de Chihuahua. La clave no es la propiedad del operador sino la eficiencia de sus procedimientos.
Soluciones públicas o privadas, da igual. Lo importante es que no permitamos a los políticos seguir cometiendo ese crimen contra el ambiente que es destruir nuestros recursos hídricos. De lo contrario, pronto llegará el momento en que al abrir la llave del agua sólo tendremos lodo o aire.
Torre Bicentenario
El tema no se ha quedado en lo político; ahora se ha vuelto xenófobo. Los grupos que se oponen a la Torre Bicentenario, encabezados por la jefa delegacional panista de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, publicaron ayer un desplegado en distintos periódicos en que se oponen al proyecto, en parte, porque éste es promovido por un arquitecto "español", Jorge Gamboa de Buen, director general de Grupo Danhos, y sería realizado por un arquitecto holandés, Rem Koolhaas. Gamboa de Buen, sin embargo, es mexicano, mientras que Koolhaas es uno de los arquitectos más reconocidos del mundo. La xenofobia no debería tener lugar en la discusión. Yo, por lo pronto, reitero mi opinión de que se trata de un buen proyecto.
Sergio Sarmiento
Si seguimos por el actual camino, llegará el momento en que al abrir la llave ya no saldrá agua limpia del grifo sino lodo o aire. Sólo entonces nos empezaremos a preocupar, pero ya será demasiado tarde.
Por una política irresponsable, los políticos de nuestro país están logrando lo que habría parecido imposible hace algunos años: acabar con el agua. Todavía estamos a tiempo. Aun es posible tener un recurso limpio que nos alcance para todos. Pero para eso necesitamos usar la inteligencia.
Esta semana se ha llevado a cabo en Cancún, Quintana Roo, la XXI Convención Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, la ANEAS. Los técnicos que participaron están conscientes del problema y saben cuáles son las soluciones. El problema es si nuestros políticos tienen el valor de actuar hoy para evitar los desastres del mañana.
Es un lugar común decir que las guerras del futuro se pelearán por el agua y no por el petróleo. Pero el futuro ya nos alcanzó. Incluso en un país como el nuestro, ya los conflictos son evidentes y se manifiestan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y estas disputas se están agravando.
Muchos de nuestros políticos siguen promoviendo la ingenua y dañina idea de que el agua debe distribuirse gratuitamente o a precios que no permitan las inversiones necesarias para obtenerla, tratarla, limpiarla y posteriormente sanearla. En muchos lugares de nuestro país, entre ellos el Distrito Federal, se cobra apenas una fracción del costo real de captar y distribuir el líquido. El resultado es un desperdicio enorme, que se complica por las fugas en una descuidada red.
La mayor parte del agua de nuestro país se emplea en la agricultura. Sin embargo, los agricultores no pagan un derecho por ella. El sistema, de hecho, es perverso. Si un agricultor reduce su uso del líquido, se le reduce la cuota que puede emplear el año siguiente. El incentivo es perverso: no lo lleva a ahorrar agua sino a buscar el máximo uso de su cuota. Y ante la monopolización del agua por quienes ya la tienen, las ventajas del riego no pueden ampliarse a otros agricultores.
Si bien en algunas ciudades, como Monterrey y Tijuana, hay conciencia de la necesidad de dar agua a un precio que permita hacer las inversiones que se requieren para ahorrarla y construir la infraestructura para su adecuado empleo y limpieza, en otras, como el Distrito Federal, se hace gala de la postura populista de que lo que hay que hacer es regalarla o repartirla a precios ridículos. La descapitalización del sistema de distribución de agua de la Ciudad de México ha hecho que la distribución en el oriente de la urbe, especialmente en Iztapalapa, sea lamentable. Pero en lugar de hacer más inversiones que permitan resolver el problema, el gobierno del Distrito Federal ha anunciado que no se cobrará ya el agua en esa delegación.
Lo que menos debemos aceptar en este momento es descapitalizar los sistemas de aguas. A partir del 2008 los municipios de todo el país tendrán que cumplir una norma que los obliga a tratar todas sus aguas residuales, pero es evidente que muy pocos tendrán la posibilidad de hacerlo. El tratamiento de aguas es uno de esos procesos costosos que no son políticamente vistosos y por lo tanto no ayudan a obtener nuevos cargos de elección popular; es el caso contrario de las grandes distribuidores viales o segundos pisos que resultan tan útiles para los políticos ambiciosos.
Los mexicanos debemos adquirir conciencia de los problemas del agua y exigir que los políticos les presten mayor atención. Debemos castigar a quienes siguen regalando o malbaratando un recurso tan valioso para la sociedad. Tenemos que exigir que los municipios capitalicen sus sistemas de administración de agua para enfrentar los problemas de hoy y del futuro.
Muchos políticos ven a la iniciativa privada como una amenaza, pero lo importante no es si los organismos de manejo de agua son públicos o privados sino si son eficientes o no. El sistema de Cancún, por ejemplo, es privado; pero ha logrado subir la cobertura de agua potable de 61 a 100 por ciento, la de alcantarillado de 30 a 88 por ciento y la de tratamiento de aguas residuales, que sólo cubría la zona hotelera, al 100 por ciento.
Hay también buenos sistemas públicos de administración del agua en el país, como el de Monterrey o el de Chihuahua. La clave no es la propiedad del operador sino la eficiencia de sus procedimientos.
Soluciones públicas o privadas, da igual. Lo importante es que no permitamos a los políticos seguir cometiendo ese crimen contra el ambiente que es destruir nuestros recursos hídricos. De lo contrario, pronto llegará el momento en que al abrir la llave del agua sólo tendremos lodo o aire.
Torre Bicentenario
El tema no se ha quedado en lo político; ahora se ha vuelto xenófobo. Los grupos que se oponen a la Torre Bicentenario, encabezados por la jefa delegacional panista de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, publicaron ayer un desplegado en distintos periódicos en que se oponen al proyecto, en parte, porque éste es promovido por un arquitecto "español", Jorge Gamboa de Buen, director general de Grupo Danhos, y sería realizado por un arquitecto holandés, Rem Koolhaas. Gamboa de Buen, sin embargo, es mexicano, mientras que Koolhaas es uno de los arquitectos más reconocidos del mundo. La xenofobia no debería tener lugar en la discusión. Yo, por lo pronto, reitero mi opinión de que se trata de un buen proyecto.
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