El desalojo de comunidades indígenas dará pie a la explotación comercial de la zona
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La Jornada
2007-08-31 11:24 am
La estrategia oficial de desalojo y control en Montes Azules, Chiapas, que entró en una fase de aceleración impaciente y autoritaria, incluye abierta represión política, violencia paramilitar, intransigencia policiaca y prefabricación de cargos contra los indígenas avalada por los tribunales judiciales y agrarios. Detrás acechan proyectos tan “conservacionistas” como nuevas autopistas y represas, exploración de minerales estratégicos e hidrocarburos, bioprospección trasnacional, saqueo de recursos bióticos, acaparamiento comercial del agua, ecoturismo de lujo y otras actividades no menos lucrativas y desnacionalizadoras.
Las autoridades no escatiman mecanismos de impunidad para los “operadores” de la represión que, como en Oaxaca y el estado de México, se apoyan en acciones violentas contra la población y el crecimiento exponencial de los presos políticos en cárceles estatales y federales. A partir de la segunda semana de agosto en Chiapas hay nuevos presos indígenas zapatistas en el penal de El Amate, que se suman al escandaloso encierro de Diego Méndez Arcos, campesino chol que por acudir a ayudar a sus hermanos masacrados en Nuevo Velasco Suárez, en noviembre de 2006, fue “acusado” de los crímenes cometidos en realidad por paramilitares y presuntamente policías, y que permanecen impunes.
No sólo ha sido anunciada, anhelada, suspirada por los gobiernos panistas de los años recientes; la apropiación definitiva y radical del corazón de la selva Lacandona (especialmente Montes Azules, pero no sólo) empezó en el sexenio de Ernesto Zedillo. Con la doble navaja militarización-“conservacionismo”, el gobierno federal metió una tijera para despoblar la selva profunda, cercarla y administrarla dentro del nuevo juego económico neoliberal y global.
En el documento Desalojos en Montes Azules: recursos estratégicos; soberanía nacional y derechos indígenas en juego, dado a conocer esta semana, Maderas del Pueblo del Sureste recapitula a partir de “las provocadoras campañas de ‘reforestación’ militar” (1999), desarrolladas por el gobierno zedillista, el gobernador Roberto Albores y la titular de la Semarnap, Julia Carabias, seguidas por “los ‘incendios’ forestales inventados en mayo de 2000 por el mismo trío para convalidar acciones de desalojo,‘ingenuamente’ retomadas por algunos grupos conservacionistas urbanos y académicos”.
Ya durante los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía se intentaron operativos de desalojo entre marzo y diciembre de 2002, pero fueron “abortados” por la presión pública. Siguieron desalojos “quirúrgicos” en Lucio Cabañas (diciembre de 2002) y Nuevo San Rafael (enero de 2004), y una “estrategia de reubicación forzosa ‘negociada’ entre junio de 2003 y abril de 2006, que encabezó la subdelegada especial de la Reforma Agraria, hoy diputada federal panista Martha Cecilia Díaz Gordillo”.
En los linderos del régimen calderonista reaparecieron acciones de tipo paramilitar “ejercidas por jóvenes tzeltales de Nueva Palestina en contra del poblado Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, enmarcadas en la virtual declaración pública de guerra de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”, abunda el documento. Ahora, al calor de los desalojos recientes, los organismos civiles que defienden los derechos de las comunidades y documentan lo que ocurre son objeto de acusaciones y amenazas. Es el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Maderas del Pueblo.
En su declaración testimonial (29 de julio) ante la Fiscalía General del estado, Florencio Gómez Martínez, vecino de la subcomunidad lacandona de Frontera Corozal y autoidentificado como empleado federal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, acusó de “invasores” y “destructores” de la selva a los pobladores de “Nuevo Salvador Allende” (San Manuel): “Hemos tratado de llegar a un arreglo con los invasores, pero como son protegidos por organizaciones y entre ellos Fray Bartolomé de Las Casas (sic) y Maderas del Pueblo del Sureste, que sólo se dedican a crear conflictos (pues) aleccionan a los invasores para que nos amenacen con armas de fuego”. Esta declaración, considerada una “amenaza” por dichas ONG, se agrega a otras acusaciones e intimidaciones. La anterior, de la “Opdic” (sic) y la “Fundación Selva Lacandona’, señalaba a las ONG independientes como los “asesinos y causantes” de la masacre en Viejo Velasco.
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La Jornada
2007-08-31 11:24 am
La estrategia oficial de desalojo y control en Montes Azules, Chiapas, que entró en una fase de aceleración impaciente y autoritaria, incluye abierta represión política, violencia paramilitar, intransigencia policiaca y prefabricación de cargos contra los indígenas avalada por los tribunales judiciales y agrarios. Detrás acechan proyectos tan “conservacionistas” como nuevas autopistas y represas, exploración de minerales estratégicos e hidrocarburos, bioprospección trasnacional, saqueo de recursos bióticos, acaparamiento comercial del agua, ecoturismo de lujo y otras actividades no menos lucrativas y desnacionalizadoras.
Las autoridades no escatiman mecanismos de impunidad para los “operadores” de la represión que, como en Oaxaca y el estado de México, se apoyan en acciones violentas contra la población y el crecimiento exponencial de los presos políticos en cárceles estatales y federales. A partir de la segunda semana de agosto en Chiapas hay nuevos presos indígenas zapatistas en el penal de El Amate, que se suman al escandaloso encierro de Diego Méndez Arcos, campesino chol que por acudir a ayudar a sus hermanos masacrados en Nuevo Velasco Suárez, en noviembre de 2006, fue “acusado” de los crímenes cometidos en realidad por paramilitares y presuntamente policías, y que permanecen impunes.
No sólo ha sido anunciada, anhelada, suspirada por los gobiernos panistas de los años recientes; la apropiación definitiva y radical del corazón de la selva Lacandona (especialmente Montes Azules, pero no sólo) empezó en el sexenio de Ernesto Zedillo. Con la doble navaja militarización-“conservacionismo”, el gobierno federal metió una tijera para despoblar la selva profunda, cercarla y administrarla dentro del nuevo juego económico neoliberal y global.
En el documento Desalojos en Montes Azules: recursos estratégicos; soberanía nacional y derechos indígenas en juego, dado a conocer esta semana, Maderas del Pueblo del Sureste recapitula a partir de “las provocadoras campañas de ‘reforestación’ militar” (1999), desarrolladas por el gobierno zedillista, el gobernador Roberto Albores y la titular de la Semarnap, Julia Carabias, seguidas por “los ‘incendios’ forestales inventados en mayo de 2000 por el mismo trío para convalidar acciones de desalojo,‘ingenuamente’ retomadas por algunos grupos conservacionistas urbanos y académicos”.
Ya durante los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía se intentaron operativos de desalojo entre marzo y diciembre de 2002, pero fueron “abortados” por la presión pública. Siguieron desalojos “quirúrgicos” en Lucio Cabañas (diciembre de 2002) y Nuevo San Rafael (enero de 2004), y una “estrategia de reubicación forzosa ‘negociada’ entre junio de 2003 y abril de 2006, que encabezó la subdelegada especial de la Reforma Agraria, hoy diputada federal panista Martha Cecilia Díaz Gordillo”.
En los linderos del régimen calderonista reaparecieron acciones de tipo paramilitar “ejercidas por jóvenes tzeltales de Nueva Palestina en contra del poblado Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, enmarcadas en la virtual declaración pública de guerra de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”, abunda el documento. Ahora, al calor de los desalojos recientes, los organismos civiles que defienden los derechos de las comunidades y documentan lo que ocurre son objeto de acusaciones y amenazas. Es el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Maderas del Pueblo.
En su declaración testimonial (29 de julio) ante la Fiscalía General del estado, Florencio Gómez Martínez, vecino de la subcomunidad lacandona de Frontera Corozal y autoidentificado como empleado federal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, acusó de “invasores” y “destructores” de la selva a los pobladores de “Nuevo Salvador Allende” (San Manuel): “Hemos tratado de llegar a un arreglo con los invasores, pero como son protegidos por organizaciones y entre ellos Fray Bartolomé de Las Casas (sic) y Maderas del Pueblo del Sureste, que sólo se dedican a crear conflictos (pues) aleccionan a los invasores para que nos amenacen con armas de fuego”. Esta declaración, considerada una “amenaza” por dichas ONG, se agrega a otras acusaciones e intimidaciones. La anterior, de la “Opdic” (sic) y la “Fundación Selva Lacandona’, señalaba a las ONG independientes como los “asesinos y causantes” de la masacre en Viejo Velasco.
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