Se pretende garantizar el derecho social irrestricto al líquido, dicen legisladores
La Jornada
2007-09-13 1:07 pm
Con la pérdida de autonomía de los 13 organismos de cuenca del país, los cuales hasta ahora han operado la política hidráulica nacional, las organizaciones de usuarios e inclusive los gobiernos de los estados estarán al margen de las decisiones fundamentales en la materia. Así lo establece la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), aprobada en la Cámara de Diputados.
El dictamen votado y aprobado con 380 votos en favor, durante la sesión del martes pasado, contó también con el voto favorable de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes, en voz de la diputada Lourdes Alonso Flores, señalaron el acuerdo alcanzado por todos los partidos políticos representados en San Lázaro, tiene el propósito de impulsar una reforma integral de la LAN para garantizar el derecho social irrestricto al agua, eliminar las cláusulas de privatización, aclarar el carácter público de los bancos respectivos, aprovechar las precipitaciones pluviales y ampliar la participación de la sociedad en la gestión del recurso.
La diputada llamó la atención sobre la cancelación de la autonomía real de los organismos de cuenca, así como de sus consejos consultivos en los que participan los gobiernos estatales y las agrupaciones de usuarios. De acuerdo con la reforma legal, estas instancias ya no tomarán las decisiones sobre el manejo y la distribución del líquido.
Lo único que se logró en el cabildeo legislativo fue establecer que las entidades federativas y los usuarios participen en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la que se erige como el máximo órgano de decisión en el país.
Con esta medida, defendida por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se da marcha atrás a la descentralización de la gestión del agua, iniciada apenas en 2004, también por otra reforma a la ley; aunque al mismo tiempo “termina” con la contradicción en que se encuentra la norma vigente con su reglamento. Mientras las primera define a la Conagua y sus organismos de cuenca con características de órgano descentralizado, el segundo le atribuye funciones para uno desconcentrado. En la reforma aprobada por los diputados, se mantiene el planteamiento del reglamento.
Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, Alonso Flores también destacó la pretensión inicial de restarle facultades a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En el artículo 118 bis 2 quedó claro que en caso de existir riesgo inminente de daño o deterioro grave a la salud o seguridad pública, a las aguas nacionales, a la biodiversidad o ecosistemas vinculados con ella, la “autoridad del agua” o la Profepa podrán determinar la clausura temporal del aprovechamiento de aguas nacionales; suspender las actividades que originan las descargas de aguas residuales; remover o demoler obras de infraestructura; entre otras acciones.
Otro tema de la discusión legislativa, fue el relativo a la continuidad del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), cuya existencia prácticamente se cancelaba en la minuta que aprobó el Senado en abril de 2006. De último momento los diputados acordaron mantener al IMTA en la presidencia del Consejo Científico y Tecnológico Nacional del sector, el cual ya existía y que con esta reforma se define como un “órgano colegiado sectorial que tiene por objeto fomentar y fortalecer la concertación y participación entre las instituciones y organismos dedicados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua y gestión, a fin de impulsar la transversalidad e integralidad de las tareas y apoyos necesarios entre los actores vinculados con estas actividades a nivel nacional”.
Durante la sesión plenaria, el diputado Santiago Pedro Cortés, de Alternativa, señaló que después de esta reforma todavía están pendientes varios temas en materia de agua, como la desigual distribución regional y estacional del líquido que dificulta su aprovechamiento sustentable.
Retomó las previsiones que han realizado tanto Conagua como el Consejo Nacional de Población, respecto a la cada vez menor disponibilidad de agua. En los años 2000 a 2005 pasó de 4 mil 841 metros cúbicos a cuatro mil 573. las proyecciones indican que para 2030 habrá 3 mil 705 metros cúbicos por habitante.
La Jornada
2007-09-13 1:07 pm
Con la pérdida de autonomía de los 13 organismos de cuenca del país, los cuales hasta ahora han operado la política hidráulica nacional, las organizaciones de usuarios e inclusive los gobiernos de los estados estarán al margen de las decisiones fundamentales en la materia. Así lo establece la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), aprobada en la Cámara de Diputados.
El dictamen votado y aprobado con 380 votos en favor, durante la sesión del martes pasado, contó también con el voto favorable de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes, en voz de la diputada Lourdes Alonso Flores, señalaron el acuerdo alcanzado por todos los partidos políticos representados en San Lázaro, tiene el propósito de impulsar una reforma integral de la LAN para garantizar el derecho social irrestricto al agua, eliminar las cláusulas de privatización, aclarar el carácter público de los bancos respectivos, aprovechar las precipitaciones pluviales y ampliar la participación de la sociedad en la gestión del recurso.
La diputada llamó la atención sobre la cancelación de la autonomía real de los organismos de cuenca, así como de sus consejos consultivos en los que participan los gobiernos estatales y las agrupaciones de usuarios. De acuerdo con la reforma legal, estas instancias ya no tomarán las decisiones sobre el manejo y la distribución del líquido.
Lo único que se logró en el cabildeo legislativo fue establecer que las entidades federativas y los usuarios participen en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la que se erige como el máximo órgano de decisión en el país.
Con esta medida, defendida por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se da marcha atrás a la descentralización de la gestión del agua, iniciada apenas en 2004, también por otra reforma a la ley; aunque al mismo tiempo “termina” con la contradicción en que se encuentra la norma vigente con su reglamento. Mientras las primera define a la Conagua y sus organismos de cuenca con características de órgano descentralizado, el segundo le atribuye funciones para uno desconcentrado. En la reforma aprobada por los diputados, se mantiene el planteamiento del reglamento.
Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, Alonso Flores también destacó la pretensión inicial de restarle facultades a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En el artículo 118 bis 2 quedó claro que en caso de existir riesgo inminente de daño o deterioro grave a la salud o seguridad pública, a las aguas nacionales, a la biodiversidad o ecosistemas vinculados con ella, la “autoridad del agua” o la Profepa podrán determinar la clausura temporal del aprovechamiento de aguas nacionales; suspender las actividades que originan las descargas de aguas residuales; remover o demoler obras de infraestructura; entre otras acciones.
Otro tema de la discusión legislativa, fue el relativo a la continuidad del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), cuya existencia prácticamente se cancelaba en la minuta que aprobó el Senado en abril de 2006. De último momento los diputados acordaron mantener al IMTA en la presidencia del Consejo Científico y Tecnológico Nacional del sector, el cual ya existía y que con esta reforma se define como un “órgano colegiado sectorial que tiene por objeto fomentar y fortalecer la concertación y participación entre las instituciones y organismos dedicados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua y gestión, a fin de impulsar la transversalidad e integralidad de las tareas y apoyos necesarios entre los actores vinculados con estas actividades a nivel nacional”.
Durante la sesión plenaria, el diputado Santiago Pedro Cortés, de Alternativa, señaló que después de esta reforma todavía están pendientes varios temas en materia de agua, como la desigual distribución regional y estacional del líquido que dificulta su aprovechamiento sustentable.
Retomó las previsiones que han realizado tanto Conagua como el Consejo Nacional de Población, respecto a la cada vez menor disponibilidad de agua. En los años 2000 a 2005 pasó de 4 mil 841 metros cúbicos a cuatro mil 573. las proyecciones indican que para 2030 habrá 3 mil 705 metros cúbicos por habitante.
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