La explotación de la cuenca de Burgos, en el noreste del país, le está redituando a México una mayor producción de gas natural, pero a costa de contaminar una extensa superficie sobre los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila
Noé Cruz Serrano
El Universal
Miércoles 02 de mayo de 2007
La explotación de la cuenca de Burgos, en el noreste del país, le está redituando a México una mayor producción de gas natural, pero a costa de contaminar una extensa superficie sobre los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, detectó desde 2003 graves impactos ambientales del proyecto, en el cual participan empresas extranjeras como Petrobras, Teikoku, D&S Petroleum, Repsol, Tecpetrol y Lewis Energy Group, entre otras, así como mexicanas como Industrial Perforadora de Campeche por la vía de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), que resumió en seis puntos:
"La actividad de Pemex se expande sobre una superficie de campos agrícolas y ganaderos que sistemáticamente han destruido el matorral espinoso tamaulipeco, con lo que se profundiza el cambio de uso de suelo sin un modelo ambiental; la infraestructura que se levanta en los bloques licitados fragmenta los ecosistemas e incrementa el deterioro de hábitat acelerando los proceso de desertización (pérdida de suelo de hasta 40 toneladas por hectárea agrícola); la actividad multiplica el problema de la erosión eólica del suelo con impactos directos a la salud en las ciudades fronterizas".
Además, "el desarrollo de brechas y caminos impacta sobre la pérdida de agua por evaporación al impedir el flujo dinámico del agua hacia cauces y sitios de filtración; la perforación de pozos altera el drenaje natural del agua en las cuencas hidrográficas y el sistema de acuíferos, sobre todo en cuencas con régimen deficitario de agua (24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 25C y 25D); la actividad petrolera y su infraestructura afecta la fauna silvestre y su comportamiento así como sus áreas de alimentación y reproducción".
En síntesis, la Semarnat advirtió en su momento: "La actividad de Pemex impacta la calidad del entorno natural modificando los recursos naturales de la región: agua, bosque, suelo y la biótica".
De este problema, que involucra una extensa superficie: 17 mil 160 kilómetros cuadrados de Tamaulipas, 10 mil 600 de Nuevo León y mil 200 de Coahuila, de donde se extrae actualmente casi 80% de la producción de gas no asociado de todo el país -aproximadamente mil 396 millones de pies cúbicos diarios-, tomaron nota una serie de funcionarios que aún no han resuelto la problemática.
Las inconsistencias del problema
El 6 de agosto de 2003 se anunció el Ordenamiento Ecológico Territorial de la Cuenca de Burgos, siendo el ex presidente Vicente Fox testigo de honor, en donde los titulares de Semarnat, Víctor Lichtinger; de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y los gobernadores de las tres entidades en cuestión, Tomás Yarrington, Fernando Elizondo y Enrique Martínez, instrumentaban la regulación de las actividades de exploración y explotación y distribución de gas natural, "mediante lineamientos claros que eviten problemas de contaminación, daños a la salud pública y deterioro de los ecosistemas".
Sin embargo, 20 días después el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de Semarnat emitió el oficio UCPAST/03/739 en el que recomendaba "realizar una nueva revisión del resolutivo ambiental, a fin de verificar que las medidas y condicionantes, a que se sujetó la realización del proyecto Burgos, asegure el equilibrio ecológico de la zona de influencia".
La notificación llegó también a la oficina del procurador federal de Protección Ambiental, José Campillo García, quien ordenó realizar inspecciones a las instalaciones de las empresas que explotan la cuenca gasífera.
El 9 de octubre del mismo año, la Coordinación de Asesores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer mediante el oficio PFPA7CA/09/03 que desde 2001 venía realizando inspecciones al proyecto, pero reconoció que "no se tiene un programa de remediación de impacto ambiental, y nosotros sólo nos limitamos a la implementación de medidas correctivas en casos que así lo ameritan".
La Procuraduría detectó, en la resolución DOODGDEIA-00120, irregularidades como:
"Fugas de condensados, contaminación de suelos, no contar con autorización de cambio de utilización de suelo; no contar con autorización del estudio técnico de justificación; no contar con estudios de riesgo".
Además, "las presas de quema no cuentan con materiales inflamables, contaminación del suelo en la pera de maniobras, manejado inadecuado de recortes de perforación durante la explotación y la falta de reportes de avance de obras", añadió la Procuraduría ambiental.
Hoy, a tres años cinco meses de que se entregó el primer contrato para la explotación de la cuenca de Burgos, de los recursos totales que Pemex ha destinado para "hacer posible la convivencia de la industria petrolera con el medio ambiente y la población vecina", sólo destinó a Burgos 17% en ese periodo, según la Dirección Corporativa de Operaciones y la Subdirección de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex en su informe fechado el 31 de noviembre de 2006.
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