En su afán por construir una presa en una barranca donde confluyen dos de los ríos más contaminados del país para dotar de agua a la ciudad de Guadalajara, al gobierno panista de Jalisco, encabezado por Emilio González Márquez, no le importa violar la Ley de Amparo y atribuirse facultades exclusivas del ámbito federal.
Proceso
2007-07-09 4:00 pm
En su afán por construir una presa en una barranca donde confluyen dos de los ríos más contaminados del país para dotar de agua a la ciudad de Guadalajara, al gobierno panista de Jalisco, encabezado por Emilio González Márquez, no le importa violar la Ley de Amparo y atribuirse facultades exclusivas del ámbito federal.
El proyecto de la denominada presa Arcediano, cuyo costo de construcción estimado supera los seis mil 700 millones de pesos, un anhelo de los gobiernos panistas desde que Alberto Cárdenas Jiménez arrebató la gubernatura al PRI en 1995, se ha topado con el rechazo de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, que se oponen a la obra por el riesgo que representa para la salud de los jaliscienses.
Desde la administración de Francisco Ramírez Acuña, actual secretario de Gobernación, los gobiernos panistas de Jalisco han ido salvando escollos. El más reciente, la demolición, el pasado 20 de junio, de la casa de la señora Guadalupe Lara Lara, última habitante en resistencia del poblado de Arcediano, donde el gobierno estatal pretende construir la presa, para abastecer de agua a más de tres millones de habitantes de la zona conurbada de Guadalajara.
La demolición se llevó a cabo sin que al gobierno de Emilio González Márquez le importara que dos amparos federales habían sido emitidos para impedir cualquier acción en contra de la vivienda propiedad de la señora Lara y, lo más grave aún, sin que tuviera facultad para hacerlo.
En una carta dirigida a las autoridades federales y locales, las organizaciones integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) denunciaron que la demolición se realizó sin haber notificado previamente a la señora Lara o a sus representantes legales, a pesar de que existían amparos federales vigentes promovidos por ella.
Dichos amparos --1496/2003 ante el juzgado Cuarto de Distrito y 67/2004 ante el juzgado Segundo de Distrito-- la protegían en contra de despojo, desalojo y demolición de su casa para la construcción de la cortina de la presa; además el expediente 65 derivado del juicio agrario 104/2004, por la posesión y titularidad de derechos entre el Ejido.
Las autoridades locales han argumentado que se trata de un procedimiento de expropiación promovido por la Secretaría General de Gobierno del estado ante tribunales estatales.
“Sin embargo --dice el Mapder--, proceder a expropiar y a demoler es un acto absolutamente ilegal, dado que los terrenos, al ser ejidales, pertenecen al orden federal y es, en todo caso, la Secretaría de la Reforma Agraria o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las que pueden intervenir en esos terrenos.”
El proyecto
La presa Arcediano estaría ubicada en las orillas de Guadalajara, sobre el río Santiago, uno de los más contaminados del país y recipiente, por décadas, de aguas residuales municipales e industriales sin tratamiento alguno.
La presa tendría un embalse que inundará 803 hectáreas; una cortina de 520 metros de longitud y una altura de 140 metros; un vertedor de cresta libre de 250 metros de largo y con una capacidad de almacenamiento de 404 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con el portal www.agua.org.mx.
Los opositores a la construcción de la presa Arcediano indican que ahí se ubica un puente colgante con el mismo nombre, que data del siglo IX, el cual tendría que ser reubicado pieza por pieza, con un costo económico muy elevado. Este puente fue construido en junio de 1894 y es presuntamente el primer puente en México y el segundo puente colgante más antiguo del Continente Americano.
De construirse la obra en la llamada barranca Oblatos-Huentitán, sería la más costosa del gobierno estatal encabezado por el Partido Acción Nacional, pues implica una inversión, aprobada ya por el Congreso local, de 6 mil 700 millones de pesos.
Con el fin de disminuir el endeudamiento, indica el portal agua.org.mx, la Comisión Nacional del Agua (CNA) pretende aportar el 50 por ciento para obras de saneamiento y el 30 por ciento para la infraestructura.
El argumento principal para su construcción es que la ciudad de Guadalajara se está quedando sin agua y es necesario abastecerla.
Sin embargo, algunas fuentes de investigación señalan que por las fugas de agua en la red de distribución en Guadalajara se desperdicia hasta un 43 por ciento del recurso.
Los estudios de viabilidad e impacto de la presa, elaborados por la Universidad de Guadalajara son divergentes en sus conclusiones.
De acuerdo con la Gaceta de la U de G, el vicerrector habría dicho en mayo de 2003 que el elegido para la presa era “el mejor de los sitios estudiados”, aunque deberían cumplir con ciertas recomendaciones.
Pero un año después, en mayo de 2004, la Universidad de Guadalajara presentó ante el gobierno del estado el informe "Evaluación sobre la Viabilidad del Proyecto Arcediano", elaborado por el Comité Técnico de Análisis del Proyecto Arcediano, en donde se indica que “no hay certeza de que el Proyecto Arcediano sea viable en términos económicos, de salud pública, ambientales y de beneficio social en el abastecimiento de agua requerida por la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG)”.
Agua sobre lodo
Como en otros proyectos de construcción de presas en el país, el de Arcediano está lleno de irregularidades, dice el Mapder.
La zona donde se planea construir la presa en la Barranca Huentitán-Oblatos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco, fue designada Zona de Protección Forestal en 1934, Área Natural Protegida con carácter de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, en 1997, y Zona de Protección Hidrológica Municipal, en 2003.
Diversos estudios de la Universidad de Guadalajara y de la propia Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA) demuestran que el río Santiago contiene altas concentraciones de contaminantes orgánicos y metales pesados de alta toxicidad como plomo, cromo, cadmio, arsénico, mercurio y cianuro que pueden ocasionar en las personas, alteraciones al sistema reproductivo y cáncer, entre otras graves enfermedades.
Existen quejas formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y procesos ante autoridades jurisdiccionales, trámites que a la fecha siguen en investigación por violaciones de derechos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; a la legalidad, de audiencia y defensa, al libre tránsito y a la manifestación libre de ideas, violaciones efectuadas por autoridades estatales en el avance de la presa.
El decreto 19985 del Congreso del estado de Jalisco (2003) autorizó al Poder Ejecutivo contratar un crédito por la cantidad de 6 millones 700 mil pesos para la “Construcción de un Sistema de Captación y Bombeo en el río Verde”. Pero la presa se pretende construir sobre el río Santiago.
El Tribunal Latinoamericano del Agua exhortó en 2006 “a las autoridades competentes para que ordenen la suspensión de las obras de construcción de la presa del Arcediano, hasta en tanto se realice un estudio integral sobre las implicaciones a la salud humana”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó la primera fase del estudio de “Evaluación de Riesgos e Impactos a la Salud en la Población de la Zona Conurbada de Guadalajara por la construcción de la Presa de Arcediano”, en 2007, y demostró que de ninguna manera se puede alcanzar la descontaminación del río Santiago antes de terminar la presa, además de evidenciar la ausencia de canales de participación ciudadana, el débil involucramiento del sector salud y los grandes vacíos de información, relativa a la calidad del agua de los ríos Verde y Santiago.
La obra actualmente carece de un proyecto ejecutivo que señale las características de la cortina, costo total de la obra, métodos y costos de la potabilización, etcétera.
A todo ello se suma ahora la demolición de la casa de la señora Lara, dicen las organizaciones opositoras a la construcción de la presa, integradas en el Mapder.
“Denunciamos por estos hechos al gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez; al procurador general de Justicia, Tomás Coronado Olmos; a la jueza sexta de lo Civil, Marissa Vargas Castolo, por ordenar la expropiación, dado que no tenía jurisprudencia sobre el caso; y al juez cuarto de Distrito, Juan Manuel Villanueva Gómez, por no haber resguardado el derecho jurídico de la señora Guadalupe Lara, negándose a hacer valer la ley de amparo”.
Exigen la investigación de los hechos, así como el castigo a las autoridades responsables de la demolición de la señora Guadalupe Lara.
También, que se conforme una Comisión Especial en el Congreso del estado de Jalisco “que investigue y llame a cuenta al gobernador y al procurador por los hechos ocurridos”; que se detengan las obras de construcción de la presa de Arcediano y se cancele la obra definitivamente, debido a que está suficientemente comprobado el riesgo que representa para la salud de la población y su inviabilidad.
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