Milenio, política / 4 de octubre 2007
Nayeli Roldán
El director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, aseguró que el Estado no puede solo y requiere apoyo financiero internacional o participación de la iniciativa privada para ampliar la cobertura de agua potable, saneamiento y alcantarillado.
Las metas del presidente Felipe Calderón en la materia son muy ambiciosas, advirtió el funcionario, por lo que “requerimos más recursos de los que tenemos y por tanto, acceso a fuentes de financiamiento externo o mediante participación de iniciativa privada. Estamos analizando todas las posibilidades”.
México ya comenzó con esta intención al firmar un convenio con el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que integra a nuestro país al programa de Agua para las Ciudades en Latinoamérica y el Caribe.
Esto servirá al gobierno mexicano como respaldo para obtener recursos para concretar sus proyectos hidráulicos ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, explicó Luege Tamargo.
Advirtió que en el Plan Nacional de Infraestructura se establece la necesidad de tener un monto aproximado de 175 mil millones de pesos sólo para atender obras de agua potable y saneamiento a escala nacional, aspecto en el que México está atrasado, por lo que son indispensables la obtención de más fondos “para asumir los compromisos acordados en las Metas del Milenio”, expuso.
El titular de la Conagua adelantó, sin precisar fecha, la creación de una norma nacional para lograr la equidad en las tarifas del agua, “que deben estar asociadas al consumo”, porque en algunos lugares, como Guanajuato, el promedio de pago es de 12 pesos. Y toda persona que tengan acceso al vital líquido “debe contribuir, porque sin no, se desvaloriza y se desperdicia”.
De la firma del convenio, la directora ejecutiva de UN-Hábitat, Anna Tibaijuka, aseguró que la colaboración servirá para establecer “procesos de generación de capacidades, educación, conciencia social y movilización de recursos”.
Para Naciones Unidas, dijo Tibaijuka, todas las personas tienen derecho al agua, “es por esto que trabajamos en la conformación de políticas públicas y capacitación para llevar agua a los más pobres”.
Nayeli Roldán
El director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, aseguró que el Estado no puede solo y requiere apoyo financiero internacional o participación de la iniciativa privada para ampliar la cobertura de agua potable, saneamiento y alcantarillado.
Las metas del presidente Felipe Calderón en la materia son muy ambiciosas, advirtió el funcionario, por lo que “requerimos más recursos de los que tenemos y por tanto, acceso a fuentes de financiamiento externo o mediante participación de iniciativa privada. Estamos analizando todas las posibilidades”.
México ya comenzó con esta intención al firmar un convenio con el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que integra a nuestro país al programa de Agua para las Ciudades en Latinoamérica y el Caribe.
Esto servirá al gobierno mexicano como respaldo para obtener recursos para concretar sus proyectos hidráulicos ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, explicó Luege Tamargo.
Advirtió que en el Plan Nacional de Infraestructura se establece la necesidad de tener un monto aproximado de 175 mil millones de pesos sólo para atender obras de agua potable y saneamiento a escala nacional, aspecto en el que México está atrasado, por lo que son indispensables la obtención de más fondos “para asumir los compromisos acordados en las Metas del Milenio”, expuso.
El titular de la Conagua adelantó, sin precisar fecha, la creación de una norma nacional para lograr la equidad en las tarifas del agua, “que deben estar asociadas al consumo”, porque en algunos lugares, como Guanajuato, el promedio de pago es de 12 pesos. Y toda persona que tengan acceso al vital líquido “debe contribuir, porque sin no, se desvaloriza y se desperdicia”.
De la firma del convenio, la directora ejecutiva de UN-Hábitat, Anna Tibaijuka, aseguró que la colaboración servirá para establecer “procesos de generación de capacidades, educación, conciencia social y movilización de recursos”.
Para Naciones Unidas, dijo Tibaijuka, todas las personas tienen derecho al agua, “es por esto que trabajamos en la conformación de políticas públicas y capacitación para llevar agua a los más pobres”.
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