La modificación a la Ley Federal de Derechos (LFD), que restablece el cobro por descargas de aguas
residuales
generadas por los centros urbanos y la industria, abre la puerta a la
simulación, ya que debilita el control sobre los contaminantes que
contienen, advirtió el diputado perredista Juan Guerra.
Explicó que las reformas aprobadas en diciembre pasado reducen de 16
a 2 los parámetros a considerar en la evaluación del riesgo ambiental y
sanitario de las descargas.
"Los nuevos parámetros (demanda química de oxígeno y sólidos
suspendidos) pueden ser trampeados al momento de la toma de muestras y
no toman en cuenta la contaminación por arsénico, sulfuros y cianuros",
alertó en entrevista.
La reforma, consideró, anticipa una revisión de la Norma Oficial
Mexicana NOM 001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.
De hecho, apuntó, existe ya una mesa de trabajo intersecretarial
para actualizar la norma, que busca, sostuvo, reducir los parámetros de
medición de contaminantes.
Además, señaló, las reformas a la LFD castigan implícitamente a los
usuarios que cumplieron con su programa de construcción de plantas de
tratamiento con los parámetros anteriores, y premia a los incumplidos.
"La cuota en pesos por kilogramo de contaminante por trimestre se
reduce considerablemente, y va de 0.2953 a 0.5968 pesos, lo que induce
a contaminar", apuntó.
En la modificación legal, reprochó, se impuso el pragmatismo
recaudatorio por encima de los más elementales principios precautorios
en materia ambiental y sanitaria.
En diciembre pasado se derogó un decreto de 2001 que condonaba el
pago a los usuarios que presentaran un programa de acciones de
saneamiento, y la Cámara de Diputados modificó la LFD para restablecer
el cobro, aunque fijó descuentos de hasta 44 por ciento durante 2008.
El derecho se calcula considerando el tipo de cuerpo de agua
receptor de las descargas, el volumen de las mismas y los contaminantes
que contengan.
Sin garantías
Los recursos recaudados con el cobro del derecho por descargas de aguas
residuales
no se t raducirán necesariamente en construcción de infraestructura de
saneamiento, advirtió Carlos Sandoval Olvera, presidente del Consejo
Nacional de Industriales Ecologistas (Conieco).
"El planteamiento debería haber sido diferente: si estás cumpliendo,
paga la mitad, no paga todo y luego te devuelvo la mitad. Eso es
simplemente burocracia; no creemos que sea lo más conveniente", señaló
en entrevista.
Todo lo que represente un gasto adicional para las industrias,
remarcó, es definitivamente algo que provoca pérdida de competitividad.
"Cuando una industria ha estado cumpliendo con la normatividad, ¿por
qué poner más trabas? Ésta es una reforma que se debe revisar con
cuidado, porque a veces son medidas más de escritorio, que efectivas",
apuntó.
El representante de los industriales ante la Comisión de Cooperación
Ambiental (CCA) de América del Norte reconoció que las empresas tienen
la responsabilidad de pagar por las descargas que sean contaminantes,
pero cubrir un derecho cuando se cumple con las normas, insistió, va en
contra de la competitividad.
Advirtió que la industria pequeña y mediana no cuenta con capacidad
financiera para cubrir los costos que implican la construcción de
infraestructura y la contratación de personal especializado para el
tratamiento de las aguas residuales que generan.
La infraestructura necesaria adicional para el tratamiento de aguas
residuales
industriales, señaló, implica una inversión de aproximadamente 2 mil
780 millones de dólares, más un gasto de operación anual de 2 mil 130
millones de dólares.
Turbulencia
Los sistemas municipales y la industria retiran una parte mínima de los contaminantes de las aguas
residuales:
|
Retirados |
Generados |
Centros urbanos |
0.52 |
2.06 |
Industria |
0.82 |
6.74 |
Rezagados
Entidades con menor proporción de aguas
residuales municipales que son tratadas:
(Porcentaje del total generado)
Yucatán |
1.2 |
Campeche |
1.5 |
Hidalgo |
1.6 |
Zacatecas |
7.1 |
Chiapas |
12.5 |
Michoacán |
13.1 |
Distrito Federal |
14.1 |
Demanda Acapulco aumentar inversión
Para abatir el rezago en el tratamiento de las aguas
residuales
generadas en Acapulco se requieren, sólo para empezar, 800 millones de
pesos, estimó Miguel Ángel Castro Salas, director de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de ese municipio.
El 80 por ciento de esos recursos, explicó, se destinaría a
rehabilitar la planta de tratamiento de Aguas Blancas, la más vieja del
puerto, que opera a un tercio de su capacidad. El resto, agregó, se
usaría para reparar los colectores marginales que conducen las aguas
negras a las plantas de tratamiento.
En una segunda etapa, abundó, se necesitarían 6 mil millones de
pesos para ampliar el drenaje, ya que una parte considerable de las
aguas residuales ni siquiera es recolectada y se descarga directamente en el mar o en cuerpos de agua dulce.
"Nosotros tenemos 14 plantas. La más pequeña implica un gasto de 300
mil pesos al mes por concepto de nómina, energía y químicos. La más
grande cuesta 2 millones 500 mil pesos al mes", apuntó en entrevista.
El funcionario estatal reconoció que el ayuntamiento no realizó
durante varios años las inversiones necesarias para ampliar la
capacidad de tratamiento de aguas residuales.
El problema, advirtió, se agravará con las modificaciones a la Ley
Federal de Derechos, que obligan a los municipios a cubrir un pago por
las aguas residuales que descarguen y rebasen los límites permitidos de contaminantes.
Actualmente, indicó, se da tratamiento sólo al 40 por ciento de las aguas
residuales generadas en Acapulco.
De hecho, la Comisión Nacional del Agua inició el año pasado un
procedimiento administrativo en contra de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado por no cumplir las normas vigentes en materia de
descargas.
De acuerdo con el informe "Situación del Subsector Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento 2006" de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) en Guerrero, cuya población es de más de tres millones de
habitantes, existe una cobertura de agua potable de 68 por ciento;
64.6, en alcantarillado, sólo se trata el 32 por ciento de las aguas residuales.
Explicó que, con los recursos, por mil 200 millones de pesos
autorizados por el Congreso de Unión para el saneamiento de tres
puertos principales, Veracruz, Puerto Vallarta y Acapulco, podrán
reducir el volumen de descargas hasta 80 por ciento.
Estiman
insuficiente elevar
calidad
Silvia Garduño
Contar con una norma oficial mexicana que eleve los parámetros de la
calidad del agua no basta para reducir la incidencia de enfermedades, alertaron infectólogos.
Demóstenes Gómez Barreto, asesor científico de la Asociación
Mexicana de Pediatría, aceptó que, de aprobarse el proyecto de norma de
la Secretaría de Salud (Ssa), disminuiría el riesgo de adquirir
infecciones gastrointestinales como salmonela, escherichia coli o
hepatitis A.
Sin embargo, indicó que la medida no es suficiente.
"El problema está en el almacenamiento (del agua) en cisternas, en
tinacos, y que a mucha gente, a través de eso, les llega el agua a su
casa.
"Ese almacenamiento debe tener una norma, que no tenemos en México;
en los tinacos llega a haber hasta ratas y gatos muertos; entonces, eso
es un verdadero problema. El almacenamiento también debe ser
controlado", dijo en entrevista.
A diferencia de países desarrollados, advirtió el ex jefe del
Servicio de Infectología del Hospital Infantil de México, donde la
incidencia de enfermedades gastrointestinales es baja, en México
prevalece este tipo de infecciones, provocadas, en muchas ocasiones,
por la mala calidad del agua.
"Tenemos mexicanos que reciben agua de primera, de segunda, de
tercera y todos tenemos el derecho a recibir una buena administración
de agua que podamos ingerir con toda la confianza del mundo", expresó.
Ayer, REFORMA dio a conocer el proyecto de Norma Oficial Mexicana
NOM-SSA1-250-2007, que contempla 111 parámetros para evaluar la calidad del agua -por 48 de la
norma vigente-, que incluyen color, olor, presencia de microorganismos
y diversas sustancias químicas, y radiactividad.
Dichos límites corresponden a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Samuel Ponce de León, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM
y especialista en enfermedades infecciosas, advirtió que la norma en sí
misma no cambiará el control en la calidad del agua.
"A pesar de que hay actualmente, por ejemplo, una norma para medir
la cantidad de cloro que tiene que tener el agua potable, eso no se
respeta, porque los niveles están muy por debajo de lo recomendado.
"Es muy importante tener una normatividad más cercana a lo ideal,
pero también es muy importante mantener una supervisión que garantice
el cumplimiento de la norma", sostuvo en entrevista.
Según el infectólogo, la Ssa es la responsable de establecer los estándares de la
calidad del agua, pero no está en sus capacidades mantener esos niveles en el agua.
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